La Ley Nacional N.º 27.637 establece reducciones directas en las tarifas de gas para miles de hogares, entre ellos los ubicados en el Departamento Unión, Juárez Celman, Río Cuarto, una de las zonas de Córdoba incluidas dentro del esquema de asistencia. Frente al proyecto enviado al Congreso Nacional que impulsa modificaciones y posibles recortes al régimen, la Unidad de Trabajo Provincia–Municipios y Comunas aprobó una resolución conjunta en rechazo a la iniciativa.

Durante el encuentro, los mandatarios locales advirtieron que la eventual eliminación del beneficio representaría “un grave perjuicio económico y social” para numerosas familias cordobesas, especialmente en un contexto de incremento sostenido de los servicios públicos y pérdida del poder adquisitivo. No obstante, el debate también abrió un nuevo foco de discusión en la provincia: el elevado costo de la energía eléctrica en Córdoba. Diversos sectores consideran que, así como se reclama sostener tarifas de gas más accesibles, también debería impulsarse una revisión integral del esquema tarifario eléctrico provincial, que actualmente figura entre los más altos del país.

Las tarifas de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba son históricamente señaladas como una de las más elevadas de Argentina, llegando en algunos casos a duplicar e incluso triplicar los valores que pagan usuarios residenciales en otras regiones, particularmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Entre las razones que explican el costo de la electricidad en Córdoba aparecen diversos cargos adicionales incluidos en las boletas, como fondos para obras, aportes municipales y otros conceptos que no están directamente vinculados al consumo energético. Se estima que cerca del 30% de la factura corresponde a impuestos, tasas y contribuciones provinciales y municipales.

La situación se complejiza aún más en aquellas localidades donde el servicio es prestado por cooperativas eléctricas. Estas entidades deben adquirir la energía a EPEC, que previamente la compra en el mercado mayorista y le incorpora costos adicionales, generando un efecto acumulativo sobre la tarifa final que pagan los usuarios.

A esto se suma el costo operativo de la empresa provincial, considerado uno de los más altos del país, además del impacto de la quita de subsidios nacionales y los cuadros tarifarios aplicados por el Ente Regulador de Servicios Públicos, especialmente para los sectores de mayores ingresos.

En este contexto, intendentes y dirigentes deberían plantearse la necesidad de avanzar en una discusión más amplia sobre la estructura de costos de los servicios públicos en Córdoba, con el objetivo de lograr tarifas más equilibradas y acordes a la realidad económica de los trabajadores y las familias del interior provincial.