De acuerdo con la investigación judicial, la banda funcionaba desde el Pabellón 11 de la unidad carcelaria, donde internos realizaban llamadas telefónicas utilizando celulares ingresados de manera clandestina. Las maniobras eran complementadas por familiares y colaboradores externos, quienes recibían y distribuían el dinero obtenido a través de cuentas bancarias y billeteras virtuales.
La Justicia determinó que la organización mantenía una estructura perfectamente organizada, con funciones específicas para cada uno de sus integrantes, lo que le permitió operar durante un prolongado período y concretar numerosas estafas a víctimas de Córdoba y de otras provincias, principalmente mediante falsas publicaciones y operaciones de compra y venta en la plataforma Marketplace.
La condena más severa recayó sobre el exdirector del penal de Villa María, Andrés Américo Aciar, quien recibió una pena de 9 años y 6 meses de prisión al ser considerado el jefe de la asociación ilícita y responsable de estafas reiteradas.
También fueron condenados el exjefe de Seguridad del establecimiento, Edgar Ezequiel Arroyo, a 8 años y 3 meses de prisión, y el oficial penitenciario Oscar Pablo Figueroa, a 5 años y 6 meses.
Entre los condenados también se encuentra Santiago Mauricio "El Duende" Martín, expolicía de Bell Ville, quien recibió 5 años y 6 meses de prisión por haber filtrado información sensible relacionada con la investigación judicial.
En tanto, Sebastián "Pitu" Moyano, señalado como el líder de la organización dentro del pabellón donde se originaban las maniobras, fue condenado a 6 años y 10 meses de prisión.
La investigación, iniciada en 2023, permitió reconstruir el funcionamiento de una compleja red integrada por internos, personal penitenciario y colaboradores externos, quienes coordinaban las estafas con un esquema de trabajo similar al de un "call center" delictivo instalado dentro del establecimiento carcelario.
Durante el juicio también se resolvió la absolución de dos imputados, quienes fueron beneficiados por el principio de la duda.
Con este fallo, la Justicia cordobesa dio por acreditada la existencia de una asociación ilícita que operó desde el interior del penal con una logística organizada y una importante capacidad para concretar fraudes económicos, afectando a numerosas víctimas en distintos puntos del país.
